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Cambray Guatemala

MP investiga causas de alud que dejó al menos 161 muertos

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6 de octubre.  La Fiscalía (MP) investigará las causas de un deslizamiento de tierras que arrasó con el asentamiento de El Cambray II el pasado jueves y que dejó, al menos, 161 muertos y unos 300 desaparecidos.

“Se han iniciado ya las investigaciones sobre la tragedia en el área. Se ha designado un equipo”, publicó el Ministerio Público (MP-Fiscalía) en su cuenta de Twitter.

El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala, David de León, ya había dicho que el derrumbe “se podría haber evitado”.

De León había achacado el fatídico desenlace a una “responsabilidad compartida” de instituciones como la municipalidad, que no hace cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial, y la propia población, que no atiende a las recomendaciones que alertan del riesgo que supone construir viviendas en barrancos o laderas.

El deslizamiento de tierra se registró sobre las 21:30 horas del pasado jueves en El Cambray II, una colonia declarada de riesgo por la propia Conred.

La zona donde en la que se produjo este deslizamiento de tierra ya fue declarada en 2008 de riesgo por la Conred, quien advirtió a las autoridades municipales del peligro que existía en ese lugar por estar ubicado en una ladera.

De acuerdo a un informe de la institución estatal, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector, debido a las crecidas del río Pinula sufridas durante varios años, sufría “socavación y erosión en terrenos y viviendas”.

Entre las recomendaciones, instaba a la municipalidad de Santa Catalina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada “parcial o totalmente” en lugares que reunieran “condiciones aptas para viviendas”.

En el caso de mantener la comunidad, agrega el escrito, se debe tomar en cuenta que las viviendas ubicadas al borde del caudal “deben ser reubicadas” y el resto tienen que estar sujetas a un monitoreo constante.

El informe exhortaba también a restringir el paso de vehículos pesados por el sector, proteger las cañerías de agua que estaban al descubierto o “conservar” las laderas.

Según la Fiscalía guatemalteca, hasta el momento se contabilizan 171 muertos.

De acuerdo a la Conred, solo en el área metropolitana hay 232 asentamientos considerados “de riesgo”, al estar ubicados en laderas o barrancos, y se calcula que en ellos viven unas 300.000 personas.

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